Moisés Panduro Coral.

Acabo de leer el último número de una revista amazónica y me he quedado desconcertado. En una de sus excelentes notas de interés regional se señala que en un foro realizado en una importante capital provincial loretana sobre el tan vilipendiado Proyecto de Ley 840 se llegó a la conclusión de que “la amazonía no tiene tierras eriazas y por lo tanto no serán subastadas”. ¡Gran descubrimiento!. ¡Colón descubriendo América!. ¡La tierra no es plana, es una esfera más o menos redonda!. ¡El río Amazonas nace en el Perú y no en Brasil! ¡Loreto está en la baja amazonía y no en la sierra peruana!.

¿Por qué muchos dirigentes recién descubren esa verdad que nosotros venimos diciéndola desde el año pasado en este mismo diario y en cuanta oportunidad se nos ha brindado?. ¿Saben por qué?. Por que sobre el tema la característica principal ha sido la monumental ignorancia que exhibieron y exhiben aquellos que llamamos líderes regionales y sus seguidores; por que algunos de los principales medios de comunicación y sus voceros simplemente hacen el eco a las notas de prensa o a las opiniones intelectualmente franciscanas de esas monumentales ignorancias; por que no hemos desarrollado a plenitud una masa crítica regional pensante que guarde una lejanía profiláctica de esa patanería regionalera de decir no a toda propuesta relacionada con la competitividad, la inclusión económica del ciudadano y la viabilidad de largo plazo de nuestra nación.

Yo sé que lo que aquí voy a opinar no es políticamente correcto. Pero alguien tiene que decirlo. Nos falta realizar a todos una inmensa labor pedagógica. Una labor pedagógica profunda que incinere en el fuego de la realidad contemporánea toda esa retahíla de mitos dañinos, de absurdos masificados y de vulgaridades conceptuales que se escuchan a diario y que pareciera que se transmiten generacionalmente, por que pasan los años y seguimos con el mismo verso derrotista y la misma actitud conformista que ha cercenado el vértice humano como pieza fundamental en cualquier modelo de desarrollo que se proponga. Hace años, por ejemplo, había una oposición prejuiciosa a que se construyeran carreteras en la selva baja por que la idea de que eran perjudiciales para la ecología y los bosques tropicales era muy divulgada. No se consideraba entonces que las carreteras constituyen una infraestructura de gran valía para la integración regional y para la inclusión económica, ni que la tecnología, la formación de capacidades o el ordenamiento territorial revierten los riesgos potenciales que supone una intervención de esa naturaleza. Ahora lamentamos no haber iniciado hace tiempo la construcción de las carreteras que hoy nos faltan, y todo por ser condescendientes con esos prejuicios nocivos que carcomen el camino al desarrollo. Decía, por eso, Haya de la Torre, en sus coloquios que no hay que preguntar cuanto cuesta hacer una obra, sino cuánto cuesta no hacerla.

Igual sucedió con el gas de Camisea. Bastó que en 1988 un grupo de prejuiciados ideológicos, vocingleros y seudoambientalistas dijeran que su explotación es perjudicial para el Perú tanto económica como ambientalmente, para que la suscripción del contrato se suspenda indefinidamente, privándose de esta manera al país de contar prontamente con esta inapreciable fuente energética, despropósito que nos ha puesto en un desbalance energético significativo respecto de otros países que también cuentan con el mismo recurso, ya que la explotación recién se pudo iniciar en el gobierno del Presidente Toledo. Ahora frente a la crisis energética que vive el mundo como consecuencia de la duplicación del precio del barril de petróleo en menos de dos años, nos lamentamos no haber empezado desde entonces la explotación de este recurso que siendo más barato y más limpio que el petróleo, nos hubiera ahorrado miles de millones de dólares en divisas y en subsidios, y por supuesto en pérdidas ambientales. En este momento ya tendríamos ampliamente difundido el uso del gas, las familias gastarían menos en combustibles, nuestro balance energético sería positivo, estaríamos exportando petróleo por el superávit producido al cambiar nuestra matriz energética a gas; y las actividades domésticas, industriales y de transporte hubieran generado menos daño al medio ambiente por la sustantiva reducción de las emisiones nocivas de gas que emiten los derivados del petróleo. Sin embargo, ha tenido que pasar tanto tiempo para que la realidad contundente nos demuestre que el perro del hortelano no es un buen paradigma para el progreso humano.

Recientemente, en el tema de la llamada ley de la selva, se avizora lo mismo. Recuerdo todavía las opiniones prejuiciosas y elucubradoras, en unos casos, y confesamente ignaras y tremendistas, en otros casos, de algunos líderes regionales que han sido retratadas en grandes titulares de la prensa regional. Aquí van algunas: “Ley de subasta de los bosques amazónicos” (Presidente Regional de Loreto), “No a la venta de los bosques” (Nota de Prensa Oficial del Gobierno Regional de Loreto) , “Ley de la selva: pretensión salvaje” (Periodista ambientalista), “Atentado contra la soberanía” (Congresista de la República), “Monopolio con la privatización de las áreas deforestadas” (Presidente del IIAP), “Las multinacionales quieren copar el negocio de la captura de carbono” (Investigador del IIAP), “Ley que convierte a Loreto en una empresa multinacional” (Red Ambiental Loretana), “Los bosques ¿quién los defiende?” (Editorial de un Diario), “Marcha contra la venta de los bosques” (SUTEP), “¿Está usted de acuerdo con la venta de tierras, bosques y aguas de la amazonía peruana?” (Frente Patriótico de Loreto), entre otras más absurdas aún. Y si eso sucedía en la prensa escrita, ya se imaginan lo que ocurría en la radio y la televisión. Ahora, después de tantos foros, paros, marchas, vigilias, asambleas, viaje, congresos y miles de metros cúbicos de saliva derramados por las puras, éstos nuestros colones descubren que “en la amazonía peruana no hay tierras eriazas y por lo tanto, no serán subastadas”.

¿Cuál es el tema en estos momentos?. Pues los Decretos Leyes 1015 y 1073. Humalistas, ambientalistas, regionaleros, y también personas de buena fe que están equivocadas, intentan porfiadamente vender la idea de que el gobierno de Alan García pretende quitarles sus tierras a los indígenas, cuando la verdad es que ninguno de estos decretos pone en peligro la posesión ni la titularidad de las tierras de las comunidades indígenas. Y las organizaciones indígenas que quieren dialogar pacíficamente son más -en número y en representatividad- que aquella violentista asesorada por abogados humalistas que perdieron las últimas elecciones municipales. Sin embargo, infinitamente más titulares prejuiciados y más micrófonos tremendistas, tienen los palurdos que hemos citado líneas arriba. Definitivamente, la labor pedagógica en la forma que sea, se hace urgente.

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