Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho.

Entrevista de Miguel Donayre Pinedo, desde Madrid

Rafael Escudero Alday (Madrid, 1969) es Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de distintas publicaciones en materias relacionadas con la filosofía del Derecho, la filosofía política y los derechos humanos. El conflicto palestino-israelí es también uno de sus temas de interés: ha publicado el libro Intervención divina. El fracaso del derecho en Palestina (2005) y ha editado el libro colectivo Los derechos a la sombra del Muro (2006). Acaba de coeditar (febrero de 2008), junto con el magistrado del Tribunal Supremo español D. José Antonio Martín Pallín, el libro Derecho y memoria histórica, publicado en la editorial Trotta. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en el Departamento de Cultura Jurídica “Giovanni Tarello” de la Universidad de Génova (Italia).

Con estos buenos precedentes entrevistamos a Rafael Escudero, quien en este diálogo nos da pistas y argumentos para abordar el tema de la memoria histórica en la Amazonía desde un ángulo diferente y pensar seriamente en el ejercicio de este derecho.

¿Cuándo mencionamos el “derecho de la memoria histórica”o “el derecho a la verdad”, estamos ante un derecho fundamental de la persona o es retórica militante?

En ningún caso podemos aceptar esa supuesta acusación de que hablar del derecho a la memoria implica hacer “retórica militante”. Es ésta una forma de intentar desviar la atención y de evitar un debate que se viene desarrollando hace ya algún tiempo en muchos países que vienen de terribles dictaduras. Recientemente hemos tenido que soportar una acusación de este tipo por parte de la derecha española, con motivo de la aprobación de la ley 52/2007, del 26 de diciembre, por la que se establecen medidas y se reconocen derechos a las víctimas de la Guerra civil y la posterior dictadura franquista; ley conocida popularmente como la ley de la memoria histórica.

Ya en la propia exposición de motivos de la ley se habla de un derecho a la memoria personal y familiar, entendido como un derecho de ciudadanía. Posteriormente su articulado establece una serie de medidas concretas que se derivan de tal configuración: económicas, simbólicas, personales, administrativas, etc. Entonces, difícilmente puede rechazarse la existencia de un derecho a la memoria histórica. Un derecho, eso sí, configurado legalmente y con la protección que le otorga la propia ley que lo configura. Negar esto es simplemente negar la realidad jurídica.

Reconocer el derecho a la memoria histórica implica un viaje en el tiempo que pasó. Sabemos que el tiempo pasado es un tema de mucha controversia en el mundo del Derecho, porque conlleva tanto remover lo que ya se hizo como cuestionar las instituciones como la “seguridad jurídica” o la prescripción. Es decir, que no se podría revisar lo que ya pasó ¿es esto es cierto?

Una de las cuestiones más discutidas durante la tramitación de la ley fue la del tratamiento que hubiera de darse a las sentencias franquistas que, con el más flagrante desconocimiento de los derechos y garantías de los acusados, condenaron a todos aquellos que se mostraban contrarios al golpe de Estado y a la dictadura franquista que asoló España durante cuarenta años. El movimiento de recuperación de la memoria y las asociaciones de víctimas reclamaban del Gobierno socialista la inclusión en la ley de una declaración de nulidad de las mismas. Lamentablemente esta pretensión sólo tuvo el apoyo de los grupos minoritarios del parlamento; en concreto, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de Esquerrra Republicana de Catalunya. El argumento para rechazar esta inclusión de una cláusula general de nulidad fue precisamente el que se señala en la pregunta: la seguridad jurídica. Adujo el Presidente del Gobierno español (Sr. Rodríguez Zapatero) que declarar la nulidad supondría desconocer el principio de seguridad jurídica y romper la continuidad del Estado.

En el libro que coedité con el magistrado Martín Pallín nos esforzamos por demostrar las falacias de esta argumentación. En nuestra opinión, es conceptualmente falso rechazar la nulidad de las sentencias franquistas (verdaderos engendros para cualquier persona con una mínima conciencia jurídica) sobre la base del principio de seguridad jurídica. Es conceptualmente falso porque la seguridad jurídica no tiene nada que ver con la revisión de las sentencias pasadas. La seguridad jurídica es la capacidad de prever las consecuencias de nuestras conductas, es decir, la certeza del Derecho. Decimos que un sistema ofrece seguridad jurídica cuando permite a sus destinatarios conocer, con anterioridad a su realización, la calificación jurídica de sus acciones. La seguridad jurídica no es nada más que esto: ni impide ni prohíbe que pueda establecerse un mecanismo para declarar nulas viejas sentencias. ¿Qué es, si no, el recurso de revisión de las sentencias? ¿Revisar una sentencia supone vulnerar la seguridad jurídica? Claro que no. Entonces, tampoco lo sería declarar la nulidad de aquellas sentencias dictadas en vulneración de los derechos fundamentales que deberían estar presentes en todo proceso judicial.

En este mismo sentido, mirar hacia el pasado ¿podría suponer generar un caos al que el Derecho tiene una “alergia” natural?

Es cierto que el Derecho tiene una especie de “alergia” a mirar hacia atrás. No en vano nace con una pretensión de prospectividad, y es bueno que así sea. Ahora bien, en determinadas situaciones -relacionadas con violaciones de los derechos humanos- se hace imprescindible mirar hacia el pasado para construir un buen futuro. Lo contrario es políticamente peligroso. Vuelvo al argumento de la seguridad jurídica. Además de ser conceptualmente falso, creo que manejarlo -como lo hace el gobierno español- es políticamente peligroso. Si un gobierno aduce la seguridad jurídica para evitar borrar los rastros y vestigios de la injusticia -como por ejemplo la “vigencia” de esas sentencias franquistas atentatorias contra los derechos humanos- está diciendo algo muy grave a sus ciudadanos: está reconociendo que la democracia no podrá desembarazarse nunca de la dictadura; que por muy horribles y cruentos que fueran sus actos judiciales éstos permanecerán siempre en nuestro sistema sobre la base de esa idea mal entendida de la seguridad jurídica. Frente a esto, apelar al valor de la justicia -recogido en nuestros textos constitucionales- es una buena forma de borrar todo resto de la dictadura que pudiera quedar en nuestro sistema democrático. La justicia mencionada en el art. 1.1 de la constitución española así lo demanda.

La inacción y la ausencia de responsabilidad del Estado frente al “derecho a la memoria histórica” tiene como lógica consecuencia “la privatización de la verdad”, debido a que cada uno elabora su propia verdad con sus propios medios ante un Estado poco despabilado ¿esta actitud consolida el derecho a la verdad?

No, más bien todo lo contrario. La dejación de sus funciones en esta materia por parte del Estado impide la realización de un derecho que -por lo menos en el caso español- acaba de reconocerse por ley. Desde los inicios del Estado social, sabemos que la consecución de los derechos no puede alcanzarse al margen de la acción estatal. Es el Estado el principal obligado en materia de derechos y son los poderes públicos los que han de realizar las medidas y políticas necesarias para llevar a cabo su desarrollo. La privatización de la verdad supone el ocultamiento de la misma, del mismo modo que ya sabemos a dónde conduce la privatización de los derechos: a su desconocimiento. En este sentido, en el caso español urge ya demandar de las autoridades públicas la implementación de los mecanismos establecidos en la ley: lo más urgente, la concesión de subvenciones, ayudas y facilidades administrativas para que las asociaciones de víctimas puedan seguir buscando los cuerpos de los miles de desaparecidos que todavía se encuentran hoy por las cunetas y las tierras de España.

Podemos entonces, ¿mirar atrás y obtener justicia?

Podemos y debemos. Es la única forma de avanzar en la búsqueda de la justicia. De ahí la importancia que cobran las asociaciones de recuperación de la memoria que se extienden afortunadamente cada día más. Sólo construiremos democracias sólidas y avanzadas en la medida en que no olvidemos a las personas que cayeron en su defensa. Construir la memoria es el mejor paso para empezar a construir una auténtica cultura de la legalidad democrática. Sin memoria histórica no habrá auténtica democracia en aquellas zonas del planeta -que desgraciadamente no son pocas- donde ha imperado durante largo tiempo la dictadura y la barbarie.

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