¿AMNESIA, OMISIÓN U OLVIDO?

Por Miguel Donayre Pinedo.

Machaconamente he insistido en esta columna que el Estado peruano antes y ahora ha tenido la política del avestruz frente a lo sucedido con los crímenes del Putumayo. Se ha escondido y ha incumplido deberes de función, ha omitido su obligación, ¿Esta actitud tiene consecuencias frente a la sociedad? Por su supuesto.

El hueco, la mudez u omisión del Estado peruano frente a los crímenes en la región del Putumayo ha dado pasó a lo que se ha denominado “privatización de la verdad”, a los peruanos la palabra privatización no nos debe llamar la atención, más aún cuando en los tres últimos períodos presidenciales se han acentuado las políticas de privatización en los territorios de pueblos indígenas, de los bosques, los recursos de fauna silvestre entre otros.

La privatización de la verdad ha conllevado que cada grupo o colectivo reconstruya o haga su propia verdad, esto es lo que ha pasado con las muertes de indígenas Huitoto, Bora y Secoya. Así tenemos la polarización de los partidarios que abogan explícitamente por los caucheros y, contrariamente, los que reivindican que esos hechos no deben volver a suceder. Los que sostienen esta última deriva en el espacio público son vistos como extravagancias de cierta clase media, de indios resentidos o de “pitucos miraflorinos”.

De alguna manera esa polarización se hace evidente con la publicación del libro del magistrado Valcárcel y el de la defensa de los caucheros por la colección privada Monumenta Amazónica, me parece que se hace un flaco favor a este debate y al ensanchamiento de la denominada memoria histórica. Se ha debido trazar otra estrategia en la difusión y publicación de estos textos importantes.

Ante esta privatización de la verdad, el Estado ha debido tener un rol más protagónico, pero, la costra oligárquica que ha asaltado, captura y rapta al Estado peruano lo ha impedido. Se ha debido exigir que haya, por ejemplo, un Centro de Interpretación Histórica sobre estos hechos, reconstruir mapas de las fosas comunes donde yacen los cuerpos de los asesinados y reciban la sepultura de acuerdo a sus leyes y costumbres, abordar estos hechos en los libros de educación primaria, secundaria y universitaria – como tener un curso desde aproximaciones históricas, jurídicas, filosóficas entre otras acciones sobre estos crímenes o que el Congreso de la República exprese públicamente sus disculpas y perdón sobre lo sucedido, en fin, hay un sin número de actividades que podría hacer el Estado para que hechos como estos no vuelva a ocurrir. Estas acciones están en el ámbito de la llamada “justicia transicional”.

Pero, desgraciadamente estos hechos parecidos a los del Putumayo, con sus matices, volvieron a ocurrir recientemente en territorio peruano, recordemos lo que ha pasado en la comunidad Putis, Ayacucho en plena violencia política de los años ochenta y noventa. No hemos aprendido la lección. Hay fosas comunes de desaparecidos que fueron ejecutados, presumiblemente, por agentes del Estado y el Estado peruano se hace el loco. Los muertos eran quechuahablantes.

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