El gobierno de Alan García Pérez empezó a recibir una de las mayores demostraciones populares de rechazo a su política neoliberal con el Paro Nacional Indígena y Campesino de 48 horas convocado para el 8 y 9 de julio por una coalición de organizaciones agrarias y articulaciones en defensa de la Amazonía. Movilizaciones y mítines en plazas públicas se realizaron en Ayacucho, Apurímac, Áncash, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Junín, Piura, Yurimaguas, Tacna y Tumbes, entre otras. Una mención especial merece la región amazónica de Madre de Dios, donde se registra un paro de 72 horas que se inició el lunes 07 de julio y que fue convocado por una Alianza de Federaciones. Las principales razones del Paro Indígena Campesino es el paquete de decretos legislativos que afectan la seguridad jurídica y territorial de las comunidades campesinas y nativas. Los decretos fueron expedidos por el gobierno haciendo abuso de las atribuciones conferidas por el Congreso de la República para dictar normas que hagan viable el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.

Las regiones amazónicas de Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios se han articulado para rechazar la denominada Ley de la Selva. Primero como proyecto de ley, luego como decreto legislativo, esta iniciativa pretende entregar en venta áreas del bosque amazónico para fines de reforestación. Las acciones de protesta se realizaron a pesar que el actual gobierno endureció las penas elevándolas hasta ocho años de prisión para quienes alteren la tranquilidad pública. El gobierno dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas para el control de las instalaciones públicas y servicios lo que fue calificado por la CGTP como una medida autoritaria y dictatorial.

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