La reciente declaración de Juan Risi, Jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) autoridad competente para la regulación de cultivos transgénicos en el sector agrícola, sobre la próxima aprobación del reglamento de bioseguridad para la agricultura como parte del paquete de normas que el Ejecutivo aprobaría en los próximos días, es un instrumento que pondría en riesgo nuestra biodiversidad. Esta decisión de INIA con la aprobación de la norma podría generar serias implicancias para la biodiversidad, ya que en las condiciones de diversidad geográfica, la presencia de cultivos originarios y considerando los aspectos socio culturales de los agricultores que manejarían los cultivos transgénicos en nuestro país, el aplicar medidas para “controlarlos” una vez liberados en los campos de cultivo sería muy complicado y de difícil cumplimiento y fiscalización en el campo por parte de las autoridades competentes.

Se sabe que los cultivos transgénicos una vez liberados en el ambiente pueden contaminar cultivos locales de la misma especie a través del cruzamiento por medio del desplazamiento del polen de plantas transgénicas a plantas locales, produciendo una pérdida de la biodiversidad genética, especialmente si hablamos de los cultivos de papa, maíz y algodón donde contamos con especies originarias y endémicas. La contaminación genética es un hecho que se está produciendo en muchos países del mundo donde ya se han autorizado las liberaciones de cultivos transgénicos.

En ese sentido la decisión de normar la liberación de cultivos transgénicos no es únicamente del sector agricultura, sino del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Salud, quienes tendrían que dar opinión técnica de las medidas y la aplicación que propone esta norma de bioseguridad. Es por ello que la Red de Acción en Agricultura Alternativa pide a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Agricultura solicite las opiniones de otros sectores implicados, así como de organizaciones de agricultores, consumidores y ambientalistas para evaluar la consistencia y nivel de aplicación de las medidas de control que se propone antes de su aprobación.

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