Moisés Panduro Coral.

Por qué razón en nuestro país no existe evidencia de correlación positiva entre los incrementos de recursos presupuestales que se otorgan a las entidades públicas y los resultados que obtienen esas mismas entidades en un ejercicio presupuestario. Esa es la pregunta que nos hacemos cada vez que leemos los informes relacionados con la calidad de vida de los peruanos. Año tras año, y sobre todo en estos dos últimos años, los diferentes estamentos del Estado, léase gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, han visto duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar sus ingresos económicos y sin embargo, cuando uno revisa las cifras de resultados sufre una decepción por que constata que nada ha cambiado respecto de la situación anterior.

Aquí les refiero algunas cifras recientes que extraigo de una presentación del Ministerio de Economía y Finanzas y que a cualquiera le pueden hacer perder la paciencia y la esperanza. Entre los años 2000 y 2006, el gasto real en educación se incrementó en cerca de 4,000 millones de soles, pero a pesar de eso, sólo el 8% de nuestros niños de sexto año de primaria comprende lo que lee. Entre los años 2000 y 2005, el gasto real en salud individual se incrementó en 1,300 millones de soles pero la salud sigue con estándares por debajo del promedio latinoamericano. Los programas alimentarios y nutricionales en los últimos 5 años han recibido un incremento presupuestal de 16% pero la tasa de desnutrición de niños menores de 5 años sigue en 25% como hace 10 años atrás. Dentro de este universo se encuentra el vaso de leche que fue creado en 1985 como programa nacional destinado a reducir los niveles de desnutrición infantil, no necesitándose ser experto para darse cuenta que después de 23 años de vaso de leche la desnutrición infantil no ha retrocedido y sigue siendo el núcleo duro de romper en la lucha contra la pobreza en el país.

Es verdad que los pobrísimos resultados del vaso de leche se asocian a una cuestionada asignación de recursos derivada de estadísticas de población más cuestionadas todavía, a la ineficiencia de los canales de distribución, la corrupción en la adquisición de los insumos, la estafa en los componentes nutricionales por falta de control de calidad, pero gran parte de la explicación se encuentra en la carencia de una cultura de gestión basada en resultados, por eso es que el vaso de leche es emblemático de la distancia que hay entre el gasto efectuado y el resultado logrado. Estamos poco acostumbrados a trabajar en función a resultados, a casi nadie le interesa hacer seguimiento de una gestión para ver qué cosa concreta ha logrado no sólo como producto obtenido si como impacto alcanzado. Las noticias que reciben titulares, por señalar las que he leído esta semana, son que una autoridad reparte bandas escolares o entrega créditos agrarios, pero nada hay acerca del impacto efectivo que estas acciones tienen en el desarrollo. Es que muchas de nuestras instituciones trabajan a la champa, a ver qué sale, si salió bien algo, bien, y si salió mal, a quien le importa, pues al final hay que hacer sólo un recuento de proyectos y de actividades -muchas repetitivas y otras intrascendentes- que no tienen un efecto notable sobre los grandes problemas del país: desempleo, desnutrición, exclusión, extrema pobreza.

Las mismas auditorías o controles que se hacen actualmente en el Estado peruano están más cerca del legalismo normativo- contable y no de los resultados tangibles o metas conseguidas en un periodo de tiempo. Es común observar expedientes impresionantemente voluminosos que detallan al mínimo si tal o cual funcionario ha cumplido con el literal x o el numeral y del reglamento zeta, pero es muy difícil encontrar una acción de control que se centre en el cumplimiento de resultados, es decir en la eficiencia y eficacia del desempeño del funcionario, y virtualmente imposible encontrar evidencias de un control estratégico que verifique si el costo real de una obra a ejecutar es igual a la magnitud de recursos que se van a emplear y si es compatible o no con los objetivos de desarrollo de la jurisdicción. No he podido ver un control empeñado en analizar si el costo de una obra o proyecto que indica un expediente es real para evitar que los dineros del Estado se extravíen en los vericuetos de la corrupción.

Retomando el tema de la gestión por resultados. No se crea que esta falta de relación entre lo que se gasta y lo que se muestra es una peculiaridad del Perú, pues es una constante en los países latinoamericanos con excepción de Chile, y en menor medida, Brasil y Colombia en los que la planeación estratégica va aparejado a la demostración de resultados. Al menos eso es lo que pude deducir de las exposiciones de los más encumbrados funcionarios de presupuesto representantes de varios países del mundo en el XXXII Seminario Internacional de Presupuesto Público realizado en Lima a fines de abril del año 2005, y en el que los debates giraron en torno a la transparencia como elemento básico de gobernabilidad y el papel del presupuesto nacional como factor de competitividad en el marco de la globalización. Estaba claro entonces que para ser competitivos, para alcanzar la efectividad del desarrollo, los peruanos debíamos implementar ya el presupuesto por resultados como arista principal de la gestión por resultados.

Actualmente, el Perú está implementando el presupuesto por resultados de manera gradual. Sus efectos en la gestión pública aún no se sienten por que recién a partir del 2007 se han iniciado la pruebas piloto que se han concentrado en un primer momento en salud materna, nutrición, educación básica, identidad, transportes y comunicaciones. Pero para la institucionalidad pública maneje adecuadamente el nuevo sistema será necesario contar con gerentes públicos y funcionarios capacitados y con incentivos adecuados, procesos de adquisición transparente y priorizado sobre el mínimo coste, seguimiento y monitoreo de resultados, amplia información a la ciudadanía acerca de las evaluaciones efectuadas y mecanismos de asignación de recursos más equitativos.

El nuevo sistema implicará un cambio profundo en la actitud del funcionario público que ya no tendrá que calcular mecánicamente índices de eficiencia y eficacia presupuestaria que poco ayudan a la valoración de logros o pintar un barniz cosmético en la evaluación de los proyectos y actividades, sino a analizar información y discutir resultados obtenidos en función a metas pre-definidas para tomar decisiones. Implicará al mismo tiempo un cambio en la estructura de las entidades públicas, en sus procesos operativos, en sus reglamentos funcionales. Y por supuesto, implicará un cambio en la actitud de la población frente a los políticos que ofrecen de todo en una campaña electoral.

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