Por Miguel Donayre Pinedo.

En Berlín se ha concretado un homenaje a la memoria de las personas que sufrieron el Holocausto, no son judíos sino homosexuales que soportaron la vejación, desprecio y maltrato del régimen nazi por su opción sexual. Murieron cerca de 15.000 personas. En un parque hay una escultura de un triángulo rosa invertido que recuerda a los que murieron en esos años negros de la historia de la humanidad.

De alguna manera, con este y otros homenajes mantienen viva la memoria en la colectividad propia y ajena para que un hecho como el fascismo no vuelva a ocurrir - más aún en un contexto en que los gobiernos conservadores de la Unión Europea maltratan y observan como mercancía a los inmigrantes del sur económico al endurecer las leyes sobre este tema.

En Perú, las políticas de la memoria no existen o si las hay, pasan desapercibidas, no se concretan en nada, son brindis al sol, son papel mojado, es un saludo a la bandera. Tenemos un hecho cercano como el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que reconoce aproximadamente 69.000 desaparecidos que hablaban preferentemente quechua, pero sus recomendaciones para rehabilitar la memoria no interesa a la clase política y dirigente, quieren pasar página sin más. Me parece que con esa actitud deja trascender el racismo sin nombre.

En la Amazonia las políticas de la “memoria histórica” con lo sucedido con la muerte de indígenas en el Putumayo brillan por su ausencia, salvo buenas y aisladas intenciones que como surgen, mueren. Observemos con lo que ha pasado con los cien años del proceso del Putumayo, aparte de manifiestos públicos y declaraciones la cuestión no fue más allá. No implica mayor compromiso de parte del Estado.

Hay que señalar a las autoridades, funcionarios, lectores que las políticas de la memoria histórica desarrollan y consolidan derechos fundamentales, el derecho/principio de la dignidad humana que informa a los demás derechos de la persona, que en el caso del Putumayo por ejemplo sería sobre el derecho al honor, el derecho a la identidad étnica y cultural entre otros, derechos que son reconocidos en el texto constitucional peruano.

Hace unos años el Tribunal Constitucional de Perú ha dado señas para reivindicar la memoria histórica a través del reconocimiento del derecho a la verdad, derecho fundamental de origen jurisprudencial, artículo 3 de la Constitución Política. Observemos el Expediente 2488- 2002- HC/ TC, cuando señala en el FJ 8, que:

“La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”.

En consecuencia, es una buena noticia, los amazónicos y amazónicas tenemos la trocha abierta para activar los mecanismos administrativos y judiciales para solicitar las políticas de “memoria histórica” con lo referente al Putumayo en el ámbito local, regional y nacional. Debemos pasar del discurso fácil al reconocimiento y goce de este derecho.

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