El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas expresó su profundo rechazo frente a la sorpresiva aprobación del Decreto Legislativo 1015, que facilita la disolución de las comunidades campesinas y nativas. El mencionado decreto establece que una comunidad campesina o nativa podrá disolverse con el voto del 50% de sus miembros posesionarios con más de un año y podrá disponer de sus tierras simplemente con la aprobación del 50% de los asistentes a una asamblea ordinaria. De esta forma, bastará que un grupo mínimo de comuneros así lo decida para que las comunidades pierdan sus tierras ancestrales. La norma no prevé consideraciones especiales que impidan convocatorias fraudulentas o promovidas por terceros. Ninguna persona jurídica puede disolverse o vender su propiedad tan fácilmente.

Esta norma desconoce que el territorio de las comunidades campesinas y nativas no es una propiedad cualquiera que puede someterse a los juegos del mercado. La tierra es un espacio vital que garantiza la continuidad social, cultural y productiva de los pueblos indígenas, de acuerdo a sus decisiones autónomas. El Decreto Legislativo 1015 no ha sido promulgado para beneficiar a los campesinos, sino a las empresas mineras, petroleras y demás agentes externos interesados en explotar las tierras de las comunidades campesinas y nativas, lo cual va a ocasionar el incremento de los conflictos sociales y ambientales y en consecuencia un mayor clima de inestabilidad.

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