Defensoría del Pueblo cuestiona a directores.
Por, Darwin Paniagua.

Este año decenas de niños y niñas dejaron de estudiar en las escuelas públicas porque sus padres no cuentan con recursos económicos que puedan solventar los 9 meses que duran las clases en el país. Gran parte de la responsabilidad es de los directores de centros educativos quienes en los últimos diez años implantaron tasas (tarifas) que los padres de familia deben pagar si desean que sus hijos sigan estudiando en el centro educativo. Los directores ordenan cobros que van desde una insignia hasta “gastos administrativos”. Una lista de conceptos que sumados dan montos imposibles de pagar teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza en nuestra región que en los últimos meses ha visto incrementar el numero de escolares que abandonan las aulas por dificultades económicas de sus padres.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en Loreto el 11.4% de niños entre 6 y 9 años abandonan la escuela. Sucede lo mismo con el 12.3 % de niñas. En el caso de adolescentes varones la cifra alcanza el 23.3% y mujeres el 28.5%. A pesar que la gratuidad de la enseñanza esta garantidaza en nuestro país, la Dirección Regional de Educación de Loreto ha visto con pasividad como los directores vinieron cobrando montos que no están establecidos el Texto Único de Procedimientos Administrativos del sector educación (TUPA), incurriendo en delitos de abuso de autoridad en desmedro de miles de niños y niñas. La Defensoría del Pueblo con sede en Iquitos ha identificado 29 instituciones educativas públicas donde se cometieron estos abusos que en la mayoría de los casos impidió que los menores sean matriculados, vulnerando un derecho fundamental. Es decir consumando un abuso de autoridad de parte del director.

Solo por nombrar los colegios mas representativos tenemos que en el Colegio Sagrado Corazón se condiciona la matricula a la entrega de una partida de nacimiento, el pago de 30 soles por inscripción de alumno nuevo y 20 soles por gastos administrativos. Cobros no contemplados en el TUPA por lo tanto ilegales. En el colegio Rosa Agustina se cobra 30 soles por inscripción de alumno nuevo y 10 soles de gasto administrativo. En el colegio MORB se cobra 20 soles por alumno nuevo, 20 soles por traslado de alumno nuevo y 15 soles de gastos administrativos. Colegios como el RADM, Barcia Bonifati, Los Honguitos ponen como requisito tarjeta de vacuna. La lista de requisitos “obligatorios” como condición para proceder a la matricula, son interminables.

El informe sobre supervisión realizada por comisionados de la Defensoría del Pueblo fue entregado hace treinta días al director regional de Educación, Javier Cárdenas, para que proceda a tomar las medidas que le competen. Precisamente hoy vence el plazo para que el funcionario informe a la Defensoría todo lo actuado. De no haber tomado medidas, será la propia Defensoría quien proceda a denunciar a los directores por delito de abuso de autoridad en agravio de los escolares y sus padres.

“Son cobros no regulados por Ley por lo tanto no tienen ningún tipo de control. Nadie sabe que uso se da a ese dinero. Los padres y las autoridades deben estar atentas sobre todo ahora que el gobierno esta entregando presupuesto para refaccionar los colegios y precisamente el argumento que dan los directores es que cobran para refaccionar el colegio y mantenerlo. Un menor no puede ser tratado de esta manera porque no tiene ni idea del motivo por el que es sacado del colegio”, explicó Lilia Reyes, representante de la Defensoría del Pueblo en Iquitos.

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